MANIFIESTO DE CEOPPAN, CEDECARNE Y FEDEPESCA SOBRE VERIFACTU

comunicado de prensa conjunto de la Confederación Española de Detallistas de Carne (CEDECARNE), de la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados de España (FEDEPESCA), y de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN), en el que solicitan al Gobierno de España una moratoria general y progresiva mínima de 2 años para la implantación del sistema de facturación digital ´VERIFACTU´ en sus empresas. 

Las microempresas y pymes de España afrontan un nuevo reto con la entrada en vigor del sistema VeriFactu, que obliga a los empresarios, autónomos y profesionales a utilizar programas de facturación electrónica certificados y a transmitir los datos a la Agencia Tributaria de forma segura e inmediata.
 
CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA comparten el objetivo de transparencia y control fiscal que persigue la norma. Sin embargo, consideramos imprescindible tener en cuenta la realidad del tejido artesano y tradicional de nuestro país, formado mayoritariamente por microempresas y autónomos, con recursos humanos y económicos muy limitados.

Sin medidas correctoras y sin una planificación más paulatina, la implantación inmediata de VeriFactu puede poner en riesgo la viabilidad de miles de establecimientos, como ha quedado cuantificado en recientes estudios realizados para el sector, como el de PIMEC Comerc en Cataluña.
 
Nuestros sectores identifican varios obstáculos para la adaptación, significativamente la carencia de conocimiento técnico y legal, los elevados costes de software y de hardware y la falta de soporte y ayudas. Con ello se pone de manifiesto que las microempresas y pymes de nuestros sectores no están todavía en condiciones de afrontar con garantías la entrada en vigor de VeriFactu y que su aplicación inmediata podría tener consecuencias muy negativas para su continuidad.
 
Ante esta realidad, CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA proponen el establecimiento de una moratoria en la aplicación obligatoria de VeriFactu. No se trata de rechazar la norma ni sus objetivos, sino de reclamar un plazo razonable que permita a nuestros establecimientos adaptarse sin riesgo para su viabilidad económica.
 
En este punto es importante recordar la experiencia del País Vasco con la implantación del sistema TicketBAI, que comparte fines similares con VeriFactu. En ese caso, las diputaciones forales fueron sensibles a las dificultades de algunos colectivos y previeron exoneraciones y flexibilizaciones. Por ejemplo:

• Las personas físicas mayores de 60 años que ejercían una actividad económica sin

personal contratado quedaron exentas de la obligación.

• Las sociedades civiles y comunidades de bienes también podían quedar exentas si

todos los integrantes cumplían el requisito de edad.

• Se previó la posibilidad de renunciar voluntariamente a la exoneración por parte de

quien quisiera adaptarse.

Este precedente demuestra que es posible compatibilizar el objetivo de control fiscal con criterios de proporcionalidad, equidad y sentido común.
 
Inspirándonos en este modelo, CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA plantean:
 
 1. Una moratoria general mínima de dos años, que permita una adaptación progresiva y ordenada del comercio de proximidad. 

 2. Exoneraciones específicas para personas físicas mayores de 60 años. 

 3. Flexibilidad para colectivos vulnerables, con posibilidad de prórrogas o ayudas específicas para establecimientos con baja capacidad tecnológica o económica. 

 4. Deducciones fiscales en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades para hacer más atractivo el cambio, y recompensar a los que se adhieren antes y también ayudar a paliar parcialmente la inversión.

Esta propuesta busca garantizar que nadie quede atrás y que la aplicación de VeriFactu sea compatible con la supervivencia de los sectores que representamos.
 
Además de una moratoria, CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA consideran imprescindible la puesta en marcha de un plan de choque específico que ayude a las empresas artesanas y tradicionales que representan a realizar la transición hacia la facturación electrónica de manera ordenada y realista. Este plan debería ser fruto de la colaboración entre el Gobierno y nuestras Confederaciones e incluir medidas concretas en tres ámbitos: apoyo económico, apoyo técnico y soporte formativo.
 
 
1.    Apoyo económico 

• Subvenciones directas para la compra y adaptación de programas y sistemas de facturación compatibles.

• Deducciones fiscales en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades para compensar parcialmente la inversión

• Líneas de financiación bonificada, accesibles a microempresas y autónomos. 

 

• Exenciones temporales de cuotas o tasas vinculadas a la adaptación tecnológica para los comercios de menor facturación.

2.    Apoyo técnico

• Elaboración  de  guías  prácticas  y  tutoriales  adaptados  a  la  realidad  de  las microempresas

• Puesta en marcha de un servicio de acompañamiento digital con consultores especializados para ayudar a la implantación.

• Coordinación con proveedores tecnológicos para garantizar que los programas sean asequibles, seguros y fáciles de utilizar.​

 
3.    Apoyo formativo 

• Programas de capacitación gratuitos, tanto presenciales como online.

 

• Talleres territoriales en colaboración con asociaciones de comerciantes para llegar a todo el territorio

• Campañas de sensibilización y comunicación que expliquen de forma clara y llana los beneficios y obligaciones de VeriFactu.

 
Nuestros sectores son mucho más que una actividad económica: son un elemento esencial para la cohesión social, la dinamización rural, urbana y de barrio y la calidad de vida de la ciudadanía. Por eso, su adaptación a VeriFactu no puede hacerse de forma precipitada ni desconectada de su realidad cotidiana.
 
CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA piden al Gobierno que actúe con proporcionalidad, estableciendo una moratoria y desplegando un plan de choque con medidas de apoyo. Sólo así será posible que VeriFactu alcance sus objetivos de transparencia y control sin poner en riesgo la continuidad de nuestras microempresas y pymes, que son el corazón de nuestra economía y un motor de cohesión en el territorio.
 
 
MENSAJE CLAVE 

"Ante el calendario fijado por la Agencia Tributaria, que obliga a sociedades y autónomos a implantar VeriFactu entre enero y julio de 2026, CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA reiteran su preocupación por el impacto que esta medida puede tener sobre el tejido empresarial comercial, formado mayoritariamente por autónomos y microempresas.
 
Países como Francia, están implantando un modelo escalonado en varias fases teniendo en cuenta las dificultades ya expuestas en las pymes y micropymes facilitando de esta forma su implantación efectiva para todas sus empresas. Disponiendo de un calendario paulatino dividido en las siguientes fases:
 
Enero de 2026: Inicio de la fase piloto en todo el ámbito de aplicación.
 
1 de septiembre de 2026:

• Para todas las empresas: obligación de recibir facturas electrónicas.
• Para grandes y medianas empresas: obligación de emitir facturas electrónicas.

1 de septiembre de 2027:

Para pymes y microempresas: obligación de emitir facturas electrónicas.

2028-2030: Posible armonización con la normativa europea.

Por todo ello, solicitamos una implantación flexible hasta 2028, con exenciones para mayores, moratoria sancionadora, ayudas económicas inmediatas, y acompañamiento técnico y formativo para garantizar que ninguna empresa del sector quede atrás en el proceso de digitalización fiscal.”

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